Vivienda justa

Vivienda justa

Es importante comprender los derechos básicos que se conceden a los inquilinos según las leyes de vivienda justa del HUD. La Ley de Vivienda Justa regula el derecho legal de toda persona a obtener una vivienda libre de discriminación. Las leyes de vivienda justa se aplican tanto a las personas como a las familias, independientemente de que sean titulares de vales o no. Hay leyes federales, estatales y locales de vivienda justa que protegen a los inquilinos de la discriminación según los siguientes criterios:

  • Raza
  • Color
  • Religión
  • País de origen
  • Sexo
  • Edad
  • Incapacidad
  • Situación familiar, como las familias con hijos y las mujeres embarazadas

Además, el HUD tiene clases protegidas según:

  • Orientación sexual
  • Identidad de género
  • Estado civil

Según la Ley de Vivienda Justa, la ley prohíbe que los arrendadores o administradores de propiedades:

  • Se nieguen a alquilar o negociar debido a la condición de protección de una persona.
  • Impongan diferentes términos o condiciones debido a la condición de protección de una persona.
  • Hagan declaraciones discriminatorias o publiquen comunicaciones discriminatorias.
  • Mientan sobre la disponibilidad de una vivienda debido a la condición de protección de una persona.
  • Coaccionen o intimiden a un solicitante que ha presentado una queja de vivienda justa.
  • Guíen a los inquilinos a un área determinada según las características raciales o étnicas de los residentes del edificio o barrio.

Las leyes de vivienda justa no requieren que un arrendador deba alquilar su unidad a cualquiera, por lo que es posible que un arrendador elija no alquilar a un participante del HCV; sin embargo, sí requiere que los arrendadores apliquen los mismos criterios de calificación a todos los posibles inquilinos. Esto significa que, si un arrendador decide alquilarles a los inquilinos del HCV, se le exige aplicar los mismos criterios de selección que tendría con un inquilino que no es un participante.

Los arrendadores también tienen derecho a examinar a todos los solicitantes, de HCV o no, según lo consideren apropiado, siempre y cuando el proceso de selección esté dentro de las directrices legales, la Ley de Vivienda Justa, y las regulaciones o procedimientos locales.